En el municipio de Moncofa (Castelló, España), durante los años de la burbuja inmobiliaria, se proyectó una macrodepuradora para dar servicio a una población de 170 000 habitantes, cuando la población local es de 7 000 personas permanentemente y llega, en época de verano, a unos 50 000 ciudadanos aproximadamente.
A raíz de la falta de fiscalización por parte de la Consejería regional (la cual no solicitó el informe de viabilidad económica), las obras de la depuradora van con retraso y el municipio debe asumir su coste. Mientras tanto, se producen vertidos de aguas residuales urbanas directamente al mar, hecho acreditado recientemente en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Por todo ello se pregunta:
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2000/60/EC, a fin de que el mar quede libre de vertidos de aguas residuales en la costa de Castellón?
¿Cómo piensa la Comisión garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, teniendo en cuenta que, durante el periodo de descanso vacacional, la población puede alcanzar los 50 000 habitantes?
