Recientemente la Comisión ha remitido un escrito al Gobierno español señalando que las tasas medioambientales aplicadas por los Gobiernos de Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias sobre las grandes superficies comerciales tienen el carácter de ayudas de Estado no autorizadas. Dicho sistema de tasas medioambientales, sin embargo, ha sido refrendado por sucesivas sentencias de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, pero la Comisión, en su análisis preliminar, estima que conceden una ventaja selectiva a determinadas empresas en detrimento de otras a las que se atribuye, en razón de su superficie, un impacto negativo mayor en el medio ambiente, premisa que, en su opinión, no viene suficientemente respaldada por estudios o pruebas.
1. ¿Ratifica la Comisión su postura inicial sobre estas ayudas?
2. Si así es, ¿planteará la Comisión un método alternativo para que las grandes superficies comerciales contribuyan a compensar el daño medioambiental que causa su modelo de negocio, basado en la utilización masiva del automóvil por parte de los consumidores, o se limitará a exigir el reintegro de las cantidades percibidas sin aportar una solución al problema de fondo que considere ajustada a la normativa europea?
