Una resolución de marzo de 2012 de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Inusa, participada por el empresario imputado por corrupción en el caso Brugal Enrique Ortiz, la AAI (Autorización Ambiental Integrada) para la ampliación con una quinta celda de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Fontcalent. Esto supone ampliar casi en un 50 % la capacidad del vertedero. Esta planta fue cofinanciada con fondos europeos. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha admitido a trámite un recurso contra la concesión. La AAI se ha otorgado sin un Estudio de Integración Paisajística y obviando la mala gestión de las instalaciones; el Plan Zonal establecía que sólo un 44 % de los residuos tratados en la planta deberían destinarse al vertedero. En la actualidad se destina al vertedero un 78 % de los residuos. Los residuos vertidos han llegado a doblar los previstos en el Plan Zonal.
1. ¿Está informada la Comisión sobre esta situación?
2. ¿Tiene prevista la Comisión alguna medida ante la concesión de la ampliación de la planta de Fontcalent y su mala gestión?
