En el mes de abril el Gobierno español remitió a la Comisión su propuesta de Acuerdo de asociación 2014-2020.
En ella no se incluyeron las propuestas de las confederaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca, que atendían a la dramática situación de las áreas con densidades de población inferiores o iguales a 10 habitantes/km2 (equiparables a las de las regiones nórdicas despobladas que se han beneficiado de programas y fondos específicos desde la adhesión de Suecia y Finlandia), optando por las propuestas más generalizadoras de otros grupos de interés en las que necesidades específicas y más graves de estas provincias —que se arrastran con especial incidencia desde principios del siglo XX— siguen sin ser abordadas en su especificidad: hoy un 23,2 % de su población es mayor de 65 años (17,4 % España, 17,9 % la UE) y su tasa bruta de natalidad de 7,5 por mil habitantes (9,7 % España, 10,4 % la UE).
¿Considera la Comisión que la propuesta de Acuerdo de asociación 2014-2020 que le ha remitido el Gobierno español responde verdaderamente al mandato establecido por el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
