Entre los años 2007 y 2011 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) prestó a la Generalitat Valenciana un total de 800 millones de euros para financiar la construcción de nuevos edificios para albergar escuelas públicas, dado el mal estado de muchos de los centros existentes en la Comunidad Valenciana (España). La cantidad prestada representaba el 50 % del presupuesto total del programa llamado Creaescola, el resto debía ser invertido por la Generalitat Valenciana y la fecha límite para la ejecución de esas obras era el 31 de diciembre de 2011.
Sin embargo, a día de hoy y tal como reconocen los informes del BEI, realizados a petición de diversas asociaciones de padres y madres de alumnos de centros que habían de ser construidos y no lo han sido, solo se ha ejecutado el 73 % de la obras y más de 113 escuelas continúan pendientes de construcción, mientras que los alumnos siguen en centros en malas condiciones o en aulas prefabricadas. Los informes de BEI indican la necesidad de elaborar un plan de acción y reconocen que la inversión prevista por la Generalitat no se ha realizado.
A la vista de lo sucedido se pregunta lo siguiente:
¿Tiene constancia la Comisión de la existencia de ese plan de acción?
¿Considera la Comisión que la gestión realizada por la Generalitat Valenciana del dinero prestado por el BEI ha sido la correcta?
