La Comunidad de Castilla y León promovió la Ciudad del Medio Ambiente, constituida por edificios, sin objetivo claro, en terrenos de gran valor ecológico, junto al río Duero y Soria, por 100 millones de euros, gastándose finalmente 52 millones. Un despilfarro que agredía un espacio natural privilegiado con más de 800 chalets, hoteles, edificios y parcelas industriales, sin demanda solvente y favoreciendo a promotores con dinero público.
En 2013 el Tribunal Superior de Castilla y León declaró ilegales las obras. La Junta de Castilla y León paró las obras de construcción. En diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley regional del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. En noviembre de 2014, el Juzgado Contencioso Administrativo de Soria acordó el derribo y demolición de la Ciudad del Medio Ambiente, así como la reposición de los terrenos a su estado primitivo.
¿Qué opinión le merece a la Comisión que el uso de fondos europeos haya estado destinado a la Ciudad del Medio Ambiente?
¿Ha indagado la Comisión sobre el posible despilfarro o corrupción existente en la Ciudad del Medio Ambiente?
¿Plantea la Comisión obligar al Gobierno de España a investigar estas irregularidades?
