Hace unos días el Gobierno español aprobó una de las mayores privatizaciones de la historia de la democracia española. Se trata de la salida a la bolsa del 28 % del capital del gestor aeroportuario público AENA mediante una oferta pública de venta (OPV) junto con un 21 % mediante la entrada de tres socios de referencia que ya han sido seleccionados: Ferrovial, Corporación Financiera Alba (el instrumento inversor de Banca March) y el fondo británico The Children’s Investment Fund. AENA cerró el ejercicio 2014 con un beneficio bruto de explotación (EBITDA) superior a los 1 800 millones de euros, lo que supone unos resultados muy buenos. Estamos por tanto, ante una privatización de una empresa pública viable, lo que implica un expolio y un robo de lo público.
¿Piensa la Comisión proteger y asegurar unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos europeos garantizando con ello el respeto de aquellos derechos fundamentales de ciudadanía que deberían caracterizar al modelo social europeo que defiende el Tratado de Lisboa?
