El Gobierno español ha presentado recientemente un proyecto para reformar la actual Ley de Montes, el cual pretende urbanizar casi de inmediato los terrenos incendiados. La ley vigente obliga a una demora de al menos treinta años, para evitar que un incendio provocado pueda disminuir drásticamente el valor natural de un terreno y así desembocar en un cambio de uso del suelo.
Además, a consecuencia de esta reforma, los Agentes Forestales y Medioambientales verán degradado su rol en las tareas de investigación de delitos ecológicos, favoreciendo con ello la impunidad de estos. Por último, la nueva ley tampoco incluirá medidas de impulso al desarrollo del medio rural.
¿Tiene la Comisión conocimiento de que el Proyecto de Reforma de la Ley de Montes presentado ante el Congreso de los Diputados permitirá recalificar zonas quemadas para convertirlas en urbanizables? De ser así, ¿qué opinión le merece esta reforma?
En el caso de que la ley sea aprobada, ¿cómo piensa la Comisión garantizar el cumplimiento de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales?
